La diputada Sara Foletto impulsa la participación de viales y productores en la conducción de la DPV
Integrar a un representante de los trabajadores del organismo y sumar a otro elegido por las entidades de la producción propicia un proyecto de ley recientemente ingresado a la Cámara baja por la diputada Sara Foletto.
La legisladora plantea un modelo alternativo al actual y a los consorcios camineros sobre los que también existen propuestas legislativas.
La propuesta de la legisladora radical fue girada a la Comisión de Legislación General para su análisis y propicia la modificación a una serie de leyes que regulan la conducción y el funcionamiento de la Dirección Provincial de Vialidad.
La intención es en los próximos meses ponerlo en la agenda de la Comisión y organizar una ronda de reuniones con determinados actores a los que la repartición por distintos motivos afecta e involucra. Foletto, piensa en los empleados sindicalizados de Vialidad y los referentes de los sectores del campo. Los plazos y la modalidad, claro está, dependen del desarrollo de la cuarentena que desde hace un par de meses inciden en la organización y la forma con la que se llevan a cabo los encuentros. “La semana que viene hablaré con la Comisión para saber cómo iremos avanzando con el proyecto”, enfatizó.
La Dirección Provincial de Vialidad hace tiempo que es blanco de cuestionamientos por las condiciones de los caminos, en especial, de los denominados caminos de la producción, muchas veces intransitables, con los perjuicios que eso implica para sacar de la zona rural lo producido. Precisamente, detrás de estos cuestionamientos, muchas veces se enrolaron productores y algunos legisladores para impulsar los consorcios camineros.
El proyecto de Foletto puede considerarse como “otra alternativa” diversa a las dos que se manejaron hasta el momento: la DVP tal como funciona actualmente o los consorcios camineros.
Digo que es otra alternativa porque –argumentó- en nuestra provincia que tiene muchos kilómetros de caminos rurales -más de 20.000- en determinadas zonas podrían funcionar los consorcios, pero en otras no. Entonces –continuó- lo que digo es que el Estado tendría que estar igualmente en esos lugares donde no se conformarían los consorcios. Por eso, apunto que con un organismo colegiado y con sus respectivas zonales y aún, creando otras más, es el Estado el que debe garantizar que las redes viales o caminos rurales estén en condiciones no solamente para los productores sino para todos”, destacó la legisladora radical en el bloque Cambiemos.
El proyecto impulsa un directorio integrado por un presidente, un vicepresidente y tres vocales.
Además de las funciones, prevé que presidente y vice sean designados por el Poder Ejecutivo, debiendo ser uno de los dos, graduado en Ingeniería Civil o en la Especialidad de vías de comunicación. Para el presidente, incluso pide acuerdo del Senado.
En el caso de los vocales, todos serían designados por el Poder Ejecutivo. Uno, representante del Ministerio de Obras públicas de la provincia con rango de Secretario de Estado –no tendrá sueldo por esta función-; otro, en representación y a propuesta conjunta y única, formulada por las cuatro entidades ruralistas con actuación, sede y reconocimiento en la provincia -Federación Agraria Argentina, Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Sociedad Rural Argentina, y Confederaciones Rurales Argentinas-, que deberá contar con título de Ingeniero Civil o en Vías de Comunicación o con antecedentes que acrediten su experiencia y versación en la temática vial; y finalmente, uno en representación de los trabajadores a propuesta del Sindicato que nuclea a los trabajadores del sector, para lo cual, la organización gremial enviaría una terna al Poder Ejecutivo que lo designaría.
Mientras la duración de la designación del presidente y vice la determinaría el Ejecutivo, en el caso de los vocales por los trabajadores y por los productores, durarían dos años en sus funciones, pudiendo renovar por otros dos, como máximo.
En otro orden, el Directorio sesionaría válidamente con la presencia de cuatro de sus miembros y las resoluciones serían adoptadas al menos por 4 de sus 5 miembros.
Por lo propuesto, la repartición debería garantizar por lo menos una zonal por departamento, aunque podrían crearse otras en función de la densidad poblacional y si la traza vial así lo requiriera.
Prevé que por cada una de las zonales se constituya una comisión vial integrada por el jefe de la Zonal, un miembro propuesto en forma conjunta y única por las cuatro entidades ruralistas con actuación, sede y reconocimiento en la provincia, los legisladores que vivan en la jurisdicción que comprende la zonal; y el o los intendentes, presidentes de Comuna y presidentes de juntas de Gobierno que comprenda dicha zonal. No percibirían una remuneración por las funciones que desarrollarán. En este sentido, debatirían la problemática vial de la jurisdicción; analizarían el programa de obras aprobado por el Directorio; podrían realizar y elevar sugerencias al Directorio de la DPV, en cuanto al presupuesto anual para la jurisdicción; además de resolver sobre las prioridades del mantenimiento y obras de la trama vial.
En los fundamentos del proyecto, la diputada comparte una convicción: “El Estado sigue siendo la síntesis de todos los intereses y de todos los sectores a los que un organismo como la DPV debe volver a servir cumpliendo los objetivos para la cual fue creada”.
