El campo y Fernández: ganadores y perdedores después del discurso del presidente

El dato más saliente fue el guiño al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que desde mediados de 2020 se posicionó como un interlocutor de peso ante el oficialismo.

El discurso de Alberto Fernández en la apertura del año legislativo dejó un claro ganador en materia de políticas para el campo. El dato más saliente fue el guiño al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que desde mediados de 2020 se posicionó como un interlocutor de peso ante el oficialismo, con una mirada que si bien apunta a la modificación en los esquemas tributarios para el comercio exterior, piensa políticas de largo plazo y busca generar una ley que impulse al sector.

Por el lado de las entidades que componen la Mesa de Enlace, en líneas generales describieron “un sabor a poco” y en el balance final advirtieron que no se explicitaron políticas más específicas.

El presidente dio a entender, de manera implícita, que el actual esquema de retenciones no se toca. Así, priorizará el balance fiscal a la hora de tomar decisiones vinculadas a la política impositiva del sector agroindustrial. En un pasaje de su discurso, mencionó la eliminación de los derechos de exportación a las economías regionales, que alcanzó a producciones como girasol confitero, legumbres y frutas frescas.

En estos días, el CAA trabaja para ampliar el listado de actividades alcanzadas por estos beneficios, sobre todo en sectores como lácteos, vinos y algodón. Para el ministro de Economía, Martín Guzmán, la prioridad pasa por medir el impacto que tendría en las arcas fiscales una eliminación de retenciones para estas cadenas de valor. Los funcionarios afinaron el lápiz y calcularon que en los próximos cuatro años las economías regionales –con los estímulos adecuados- deberían generar un ingreso adicional de divisas cercano a los 600 millones de dólares.

El otro punto a favor del CAA fue la mención presidencial sobre la hidrovía Paraná, un tema sensible para el complejo exportador. El primer mandatario recordó la reciente creación del Consejo Federal de la Hidrovía, que terminó de despejar algunas dudas por parte de los privados sobre una posible estatización en la nueva concesión del canal navegable.

En materia de políticas para el sector, Fernández destacó que apuntan a potenciar las exportaciones de mayor valor agregado, con un diseño de retenciones “que premian” a la transformación de la materia prima.

Pese a esta mención, una de las ausencias que llamó la atención fue el sector de los biocombustibles, que en estos días se encuentra encolumnado tras la prórroga de la Ley 26.093, que regula a esta actividad. Esta normativa expira en mayo, y el proyecto de ley para extenderla por los próximos cuatro años cuenta con media sanción en el Senado y espera su aprobación definitiva en la Cámara Baja.

Si bien los fabricantes de biodiesel y bioetanol lograron reactivar el precio recibido por su producción, que estuvo congelado más de un año, la extensión de esta ley preocupa. Como ejemplo, la industria del azúcar (que provee materia prima para el bioetanol, al igual que el maíz) corre una carrera contrarreloj, porque en mayo comienza la zafra.

Fernández no hizo mención a los conflictos que enfrentaron al campo y Gobierno durante 2020, que nacieron a partir de la modificación de los derechos de exportación al complejo sojero y el cierre de las exportaciones de maíz.

Pero en año electoral, el Ministerio de Agricultura dio una señal fuerte, a través de la designación de Jorge Solmi al frente de la Secretaría de Agricultura. En un año en donde habrá que tomar decisiones de corte político, el ex dirigente de Federación Agraria Argentina será un buen piloto de tormentas, ante la posibilidad de cortocircuitos con los representantes de la Mesa de Enlace.

En el ámbito bonaerense, el campo tampoco pasó desapercibido en el discurso del gobernador Axel Kicillof. El as de espadas de la gestión de Buenos Aires en materia de agroindustria es el Banco Provincia, que desde el inicio de su gestión buscó inyectar fondos frescos para impulsar la actividad. Los números le dan la razón: de 110.000 millones de pesos destinados a financiar al sector productivo, 25.000 millones se volcaron a créditos para maquinaria agrícola, financiamiento para la compra de insumos y pymes.